Reproducimos a continuación un interesante artículo de Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid publicado en "El Faro de Melilla" el pasado lunes 13 de febrero, que trata sobre las “devoluciones en caliente” y la responsabilidades públicas de velar y respetar los derechos humanos.

¿POR QUÉ NO QUIERE DAR INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?

Hace unos días compareció en el Senado el Ministro del Interior. En dicha comparecencia una senadora le preguntó sobre la existencia y contenido de las instrucciones impartidas a la Guardia Civil en relación con las denominadas “devoluciones en caliente”, y qué tiene que hacer la Guardia Civil para cumplir la Disposición Adicional Décima de la Ley de extranjería en cuanto establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Además, le hizo una pregunta muy concreta: ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil cuando intercepta a un menor de edad en la valla?

Animo vivamente al lector a escuchar en internet la respuesta del señor Zoido, que puede resumirse en las siguientes ideas: Ceuta y Melilla son España, a él también le gustaría que no hubiera hambre en el mundo y, por último, la Guardia Civil siempre actúa respetando los derechos humanos por lo que no necesita ninguna instrucción. Tal cual. Bochornoso espectáculo también los aplausos con que los senadores de su partido premiaban la desfachatez del Ministro quien, por cierto, conocía de antemano las preguntas que le serían formuladas.

Esta respuesta –o no respuesta-, como se prefiera, constituye un insulto a los ciudadanos, a la institución del Senado que nos representa y entiendo que también a la Guardia Civil, cuya asociación mayoritaria, la AUGC, ha emitido un comunicado durísimo y cargado de razón poniendo de manifiesto la frivolidad del Ministro y la necesidad del protocolo de actuación en frontera que viene insistentemente reclamando y cuya inexistencia ha puesto en conocimiento incluso de la Fiscalía General del Estado.

Pero, ¿por qué el Ministro se niega a responder y niega las demandadas instrucciones? Porque, como él muy bien sabe, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales. Así lo vienen reiterando organismos e instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado o el Consejo de Europa, cuyo Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Gobierno español que cesen las entregas a las fuerzas auxiliares marroquís, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas, con la consiguiente vulneración del principio de no devolución consagrado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Cómo ha de proceder entonces la Guardia Civil cuando intercepta a una persona en la valla para respetar la normativa internacional de derechos humanos, tal y como expresamente exige la nueva regulación de los rechazos en frontera? El Defensor del Pueblo lo ha indicado reiteradamente: a través de un procedimiento en el que se dicte una resolución administrativa individualizada y expresa, con asistencia letrada y de intérprete, si es necesario, y en el que se deje constancia de que se verifican las necesidades de protección internacional, que no se trata de un menor de edad y que no existen indicios de ser víctima de trata de seres humanos. Estos requisitos son fáciles de entender. No toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, pero sí a que su entrega –nunca a las fuerzas auxiliares marroquís- se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que esa persona no se encuentra en una situación que el Estado español, a través de la firma de normas internacionales, se ha comprometido a tutelar, como es por ejemplo el caso de los menores de edad por los que fue expresamente preguntado el Ministro. Será necesario, pues, un procedimiento muy parecido al de devolución. Efectivamente para este viaje no necesitábamos las alforjas de los “rechazos en frontera”, que no han venido sino a incrementar la inseguridad jurídica de la Guardia Civil.

Es de esperar que no se vuelva a acudir al patético “concepto operativo de frontera” para tratar de justificar que el inmigrante interceptado no está en territorio español. Como bien sabe el señor Ministro, porque es juez y porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la actuación de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del nuestro país está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, actúen dentro o fuera de territorio español (principio de jurisdicción).

Se miren por dónde se miren, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales y su mantenimiento no es sino expresión de la contumaz voluntad de no aplicar la normativa sobre derechos humanos en Ceuta y Melilla, voluntad que un día algún juez podrá castigar, además de por otros delitos, como un delito de prevaricación. Así pues, señor Ministro, no nos tome por imbéciles. Es obvio que su negativa a refrendar expresamente las devoluciones sumarias se debe a que sabe que son ilegales y a que cobardemente prefiere que por estas prácticas respondan los guardias civiles, cuando en realidad el primer responsable es usted.

Margarita Martínez Escamilla

Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid