Acuerdo Unión Europea-Turquía: Externalizar para acabar con el derecho de asilo
marzo 17, 2016
Convivir sin Racismo hace suyo el manifiesto firmado por las redes europeas Migreurop y AEDH, Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, en su firme oposición al acuerdo entre la UE y Turquia.
El 17 y
18 de marzo, en una nueva cumbre en Bruselas, la Unión Europea y Turquía
adoptarán un acuerdo supuestamente para resolver lo que erróneamente se denomina
«crisis
migratoria». Un plan que sobre todo permite a la UE rechazar a las personas
refugiadas fuera de sus fronteras y subcontratar sus obligaciones con Turquía.
Los Estados miembros hacen así dejación de sus responsabilidades con desprecio
del derecho de asilo. La red Migreurop, red europea y africana que reúne una
cincuentena de organizaciones defensoras de los derechos de las personas
migrantes, y la Asociación Europea de Defensa de los Derechos
Humanos se oponen firmemente a este acuerdo y exigen a la UE el respeto del
conjunto de sus obligaciones internacionales.
Las personas solicitantes de asilo que llegan a
la Unión Europea son quienes sobreviven a una odisea que transforma el
Mediterráneo en una fosa común y que han tenido que escapar al control ejercido
por terceros Estados que juegan el papel de guardias de fronteras de la UE.
Hasta el reciente éxodo de centenares de miles de personas sirias, los Estados
miembros habían conseguido de ese modo canalizar la demanda de asilo, mantenida
en niveles históricamente bajos, y hacer recaer la casi totalidad de la acogida
de personas refugiadas en los países próximos a las zonas de conflicto[1]. Los textos europeos que regulan el asilo, en particular
los sucesivos reglamentos «Dublín», sólo funcionan a condición
de que lleguen pocas personas refugiadas a la UE. Ciertamente, existen
disposiciones específicas en caso «de flujos masivos». Pero la directiva de
«protección temporal» ha sido concebida de forma que su puesta en práctica sea
particularmente compleja, y nunca ha sido activada desde su adopción en 2001.
El corto período, en otoño de 2015, en el que las personas en busca de asilo
han podido acceder en cantidad y de manera relativamente libre a un Estado
miembro, ha sido un paréntesis abierto porque la cancillería alemana ha escogido deliberadamente no aplicar las reglas europeas
en vigor.
Con el proyecto de acuerdo con Turquía, la UE
trata de cerrar este paréntesis para volver a sus fundamentos en materia de
alejamiento de las personas solicitantes de asilo. Echa mano de todo el arsenal
jurídico a su disposición («países terceros seguros», «países de origen
seguros», acuerdos de readmisión…) con desprecio de los derechos fundamentales
y de un Convenio de Ginebra poco defendido por el Alto Comisariado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Mientras
Turquía acoge cerca de tres millones de personas refugiadas de Siria, los
dirigentes europeos la designan al mismo tiempo como culpable (puesto que las
personas refugiadas no deberían llegar hasta el espacio Schengen) y como aliado
privilegiado. Para ello están dispuestos a cerrar los ojos ante la deriva
autoritaria de un Recep Tayyip Erdogan que ha relanzado una guerra civil contra
una parte de su población, kurda en particular, y que usa todos los medios para
silenciar a sus oponentes (periodistas, universitarios, magistrados…) Hoy,
Turquía no es un «país seguro» ni para sus nacionales, ni para las personas refugiadas.
Pero la UE está dispuesta a todos los equilibrios jurídicos necesarios para que
Erdogan acepte limitar las salidas hacia Grecia, deje patrullar a la OTAN
–transformada en agencia de vigilancia de las fronteras europeas- en sus aguas
territoriales y acepte retomar a las personas exiliadas que pasan por Turquía y
son expulsadas de Grecia. El nivel de ceguera política, de desprecio de los
derechos fundamentales y de corrupción moral de los negociadores de la UE es
tal que pretenden la reinstalación en la UE de las personas solicitantes de
asilo que viven en la mayor precariedad en Turquía a cambio de la aceptación,
por esta última, de un contingente equivalente de personas «alejadas» de los Estados
miembros.
La UE
debe renunciar a este acuerdo con Turquía y cesar de fortificarse contra las
personas refugiadas. Los Estados miembros deben cesar en la fortificación de
sus fronteras y asumir definitivamente sus obligaciones en materia de acogida
de personas refugiadas y solicitantes de asilo. El próximo Consejo Europeo de
los días 17 y 18 de marzo debe seguir las recomendaciones del Parlamento Europeo
(resolución del 9 de octubre de 2013) y organizar la puesta en práctica de la
directiva de «protección temporal». Este sería un
primer gesto de ruptura con la irresponsabilidad de una política de
externalización que ha supuesto el naufragio del derecho de asilo y la muerte
de decenas de miles de personas en búsqueda de protección y un porvenir mejor.
[1] Desde comienzos del
actual siglo, la UE, cuyo número de Estados miembros ha pasado de 15 a 27,
registraba anualmente entre 200.000 y 400.000 solicitudes de asilo, para un
espacio que comprende cerca de 500 millones de habitantes en 2010
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