martes, 14 de octubre de 2014

CONTRA LA REDADA EUROPEA CONTRA PERSONAS MIGRANTES "MOS MAIORUM" del 13 al 26 de octubre


Una traducción literal de la expresión latina Mos Maiorum podría ser “las costumbres de nuestros mayores”. Si nos detenemos a pensar cuáles son esas “costumbres” que “nuestros mayores” nos dejaron, en este país que ha vivido históricamente tanto la realidad de los que llegaron a nuestra tierra como la de los que se tuvieron que ir, nos vienen a la mente valores como acogida, hospitalidad, actitud de servicio y disponibilidad para el que llegaba hasta la puerta de nuestra casa con una necesidad.

Mos Maiorum, irónicamente, es también el nombre que el Consejo Europeo ha decidido darle a su nuevo operativo continental de captura de personas migrantes. El supuesto objetivo, expresado en el documento oficial compartido por los medios, es “recopilar información relevante con el fin de investigar y desarticular grupos de crimen organizado”. A lo largo de la semana, España ha confirmado su participación en el operativo sin dar más información ni señalar los procedimientos que seguirá este operativo policial en nuestro país.

Huyendo de la traducción literal, Mos Maiorum era entendido en la antigua Roma como el conjunto de leyes que una persona debía de observar dentro de la sociedad romana. Desde ese mismo respeto a la ley, y con la precaución y las sospechas que el precedente que otras operaciones similares como Perkunas (2013), Aphrodite (2012), Balder (2012) o Demeter (2011) han dejado, las asociaciones y colectivos abajo firmantes

EXIGIMOS al Ministerio del Interior:

• El absoluto respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y muy especialmente de las personas migrantes, con independencia de su situación administrativa, garantizando su seguridad jurídica y personal, que no van a ser sometidos a identificaciones ni detenciones arbitrarias y que bajo ningún concepto se van a aplicar criterios de perfil racial o étnico.

• La mayor transparencia en la gestión del operativo que por su grave afectación de derechos fundamentales tiene que ser objeto de control judicial y escrutinio público como garantía democrática de que las operaciones de seguridad se realizan sin menoscabo de la libertad de los ciudadanos.

Desde los colectivos firmantes, animados por la Declaración de los Derechos Humanos que reconoce el “derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado y la obligación de comportarnos fraternalmente”

DENUNCIAMOS:

• Que la actual política de cierre y control de fronteras ejercida por el Ministerio del Interior y amparada por Europa obliga a los refugiados y a los migrantes a elegir rutas cada vez más peligrosas que les somete a situaciones de mayor vulnerabilidad.

• Que los instrumentos de control, como la operación Mos Maiorum, son utilizados para justificar redadas con un claro perfil racial (absolutamente ilegales según la legislación española) que criminalizan a las personas migrantes al ser sometidas a identificaciones y detenciones en lugares públicos. Afectando a su dignidad personal y conculcando sus derechos fundamentales.

• Que las políticas de gestión de las fronteras exteriores de la Unión generan 8 muertes diarias tan solo en la FRONTERA SUR, así como un número importante de heridos.

Así mismo, las asociaciones y colectivos firmantes, informamos que a lo largo de los 13 días previstos que dure el operativo estaremos realizando labores de vigilancia y observación de los Derechos Humanos así como denunciando públicamente cualquier atentado contra los mismos que pudiera darse durante dicha operación: Mos Maiorum.

Madrid 13 de Octubre de 2014

Coordinadora de Barrios
SoS Racismo Madrid
Red Acoge
Por un Mundo + Justo
Colla Xicalla
Asociación Apoyo
Coordinadora de Barrios de Murcia
Psicólogos sin Fronteras
Brigadas Vecinales Observación DD.HH.
CGT
Convivir sin Racismo
Asociación Integrando
SoS Racismo Guipuzkoa
Foro Galego de Inmigración
Andalucía Acoge
InmigraPenal
Red Interlavapies
Colectivo Agar
Madres Unidas contra la droga
Círculo Podemos Inmigrantes Madrid
Pueblos Unidos
CP San Carlos Borromeo
Asociación Madres contra la Represión
Cristianos y Cristianas de Base de Madrid
Centro de Defensa y Estudio de DD.HH.
Cerremos los CIE – Ferrocarril Clandestino
Karibu Amigos del Pueblo Africano
Asociación La Tavaya
As. Vecinal “Madre de Dios”
As. Desarrollo Comunitario “Buenos Aires”
Movimiento ATD Cuarto Mundo
Valencia Acoge
Asociación civil Jarit
Campaña CiEsNo
Fundación Acción Pro Derechos Humanos
Centro Documentación Contra la Tortura

Asociación sin Papeles de Madrid

miércoles, 1 de octubre de 2014

Los migrantes indocumentados no son delincuentes; son seres humanos que necesitan de protección y asistencia y que merecen respeto

La Organización Internacional de las Migraciones OIM ha publicado el informe  “Viajes fatales: seguimiento a las vidas perdidas durante la migración”Fatal Journeys: Tracking Lives Lost During Migration, que hasta la fecha constituye el cálculo más completo del mundo respecto a la muerte de migrantes en viajes terrestres y marítimos.

El estudio, elaborado como parte del Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM, revela que Europa es el destino más peligroso del mundo para la migración irregular, y que este año cobró la vida de más de 3.000 migrantes.

Los cálculos basados en incidentes compilados por The Migrant Files, un proyecto conjunto realizado bajo los auspicios de Journalism++, sugieren que más de 22.000 migrantes han perdido la vida desde 2000, sobre todo en travesías arriesgadas a través del Mar Mediterráneo.
No obstante, el verdadero número de víctimas mortales podría ser mucho mayor pues en la elaboración del informe se utilizan datos estadísticos compilados por los gobiernos y otras agencias, así como organizaciones no gubernamentales y fuentes de medios de comunicación, pero la recopilación de información sobre la muerte de migrantes nunca ha sido una prioridad para la mayoría de gobiernos del mundo. A pesar de que se invierten sumas considerables en la recopilación de información sobre migración y control fronterizo, muy pocas agencias recaban y publican información sobre la muerte de migrantes.
Muchas muertes ocurren en regiones remotas del mundo y nunca se registran. En la actualidad, ninguna organización del mundo se dedica a monitorear sistemáticamente el número de muertes que se producen.

 “La paradoja es que, en un momento en que una de cada siete personas en el mundo es un migrante, la respuesta del mundo desarrollado ante la migración es sumamente severa”, enunció el Director General de la OIM, Embajador Swing.

“Debido a lo limitado de las oportunidades para una migración segura y regular, los posibles migrantes caen en manos de traficantes, lo que alimenta un comercio sin escrúpulos que amenaza la vida de personas desesperadas. Debemos poner fin a este ciclo. Los migrantes indocumentados no son delincuentes; son seres humanos que necesitan de protección y asistencia y que merecen respeto”, agregó el Director General.


Para obtener más información estadística de The Migrant Files, por favor dirigirse a:https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/

CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL

Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y tres organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, denuncian los impactos del mismo y el incumplimiento por parte del Gobierno Español de la legislación internacional de derechos humanos.

En Abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en adelante RDL). Con este RDL la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas. Dos años después el balance no puede ser más negativo: 

Tras la aplicación del RDL, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo. 

Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias...) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
  • El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva. 
  • La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo. 
  • A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva. 
  • En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento. 
  • Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quien es se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica. 
  • Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones. 
  • Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas..., así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual Ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo al respecto.
Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
  1. Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas 
  2. Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente. 
  3. Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.