Publicado en elpajarito.es

El Gobierno murciano publicó recientemente una instrucción para permitir el acceso a la Sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia cuando padecen una enfermedad crónica o infectocontagiosa que, en realidad, establece un procedimiento "burocrático lleno de dificultades" que parece "hecho a propósito para demorar el trámite y denegar finalmente la asistencia sanitaria", según denuncia la Red Ciudadana por la Salud (ReCIPS) de la Región.

Esta instrucción, transmitida a finales de abril por la Consejería de Sanidad, se regula por "una locura de algoritmo" que establece el "complicado procedimiento que han de seguir los pacientes y el formulario que el médico tiene que cumplimentar para que, finalmente, el paciente tenga derecho a asistencia sanitaria solo durante un año y exclusivamente para la enfermedad crónica o infecciosa que padece".

Los afectados son los "miles de inmigrantes a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria hace un año, el 1 de septiembre de 2012, por no tener permiso de residencia, a consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012". Desde entonces, advierten que se les ha dejado de prestar atención ciudadana, y alertan que "puede haber consecuencias graves por desatención".

Así lo hicieron saber en rueda de prensa el portavoz de ReCIPS en la Región de Murcia, Mario Soler; el representante de Médicos del Mundo, Pepe Roel; y el presidente de Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Juan de Dios González.

ReCIPS cree que la Consejería "ha dado muy poca publicidad a esta instrucción intencionadamente". En realidad, consideran que esta instrucción es "una pantomima" y una "mera excusa para seguir diciendo que se atiende a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes".

Además, critica que esta regulación "no establece cómo ese paciente pide la primera cita, porque previamente se le ha dado de baja en la base de datos del historial clínico del Sistema Murciano de Salud". Por ello, recomiendan a los inmigrantes que, si tienen la más mínima sospecha de que tienen una enfermedad crónica o contagiosa, vayan a los centros sanitarios para exigir que se les dé cita y comenzar el "complejo proceso" establecido.

Para ello, el personal administrativo tiene que pasar al paciente a la base de datos activa y darle cita. A continuación, el médico tiene que valorar si ese ciudadano tiene o hay sospechas de que padece una enfermedad crónica o infecto-contagiosa, para lo que tiene que rellenar un formulario que el paciente tiene que devolver al área administrativa.

Este formulario "pasa por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que tiene que comprobar que efectivamente el paciente tiene una enfermedad crónica o contagiosa, lo que despierta dudas de confidencialidad". Cuando comprueban que el médico no les ha engañado, el formulario se vuelve a mandar al departamento de tarjeta sanitaria y, de allí al centro de salud, que avisa al paciente.

Soler, quien también es médico de familia en Molina de Segura, afirma que la Consejería de Sanidad está dando de baja no sólo a los que perdieron el derecho a la atención el 1 de septiembre de 2012, sino también aquellos a los que se les ha caducado el permiso de residencia. Además, lamenta que a los profesionales sanitarios se les da instrucciones explícitas de que exijan la tarjeta sanitaria.

Para demostrar que esto es cierto, Soler recuerda que en su consulta en Molina de Segura tenía 11 pacientes el 1 de septiembre de 2012 que, posteriormente, se han visto afectados por la pérdida de derecho a la asistencia sanitaria. Hace unos días, recuerda, se les había dado de baja "a siete de ellos".

Uno de ellos "era hipertenso y venía periódicamente a por sus recetas", recuerda Soler, cuya intención es atender a todos sus pacientes, pero critica que "existen una serie de filtros hasta llegar al médico que dificultan el acceso".

Otra de sus pacientes que perdió el derecho a asistencia sanitaria padecía cáncer de cuello de útero. Posteriormente, una trabajadora social consiguió intermediar y alertar a Soler de que la paciente estaba intentando pedir cita sin conseguirlo, por lo que tuvo que acceder a la base de datos inactiva para darle de alta.

Roel lamenta que el Real Decreto 16 de 2012 "de recortes sanitarios o de exclusión sanitaria", ha suscitado una respuesta "unánime" de sectores "muy diferentes" que agrupan "desde médicos de familia a médicos de asociaciones de especialidades tan diferentes como la pediatría o neurología". Todos ellos coinciden en que este Real Decreto "supone una enmienda a la totalidad al Servicio Nacional de Salud que teníamos en España", y que "trata de cambiar totalmente el modelo, al pasar de un sistema universal a un modelo de aseguramiento, dejando excluidos a todos aquellos que no pagan por la asistencia sanitaria".

Recuerda que el derecho a la salud es un "patrimonio social de toda la población española" que está recogido "en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deriva del código deontológico de los sanitarios y está recogido en la Constitución y en la Ley de Salud pública española".

Advierte que este Real Decreto es una "insensatez desde el punto de vista sanitario, porque daba control de las enfermedades". Ahora, alerta que se pueden producir enfermedades infecciosas y contagiosas "fuera de control" en toda esa población que queda excluida de la asistencia. De hecho, recuerda que ya se ha dado un caso "muy grave" en Mallorca, donde un inmigrante senegalés murió de tuberculosis "después de haber intentado en varias ocasiones recibir asistencia en el sistema sanitario", pero "se la denegaron", a pesar de ser una enfermedad "perfectamente curable".

Asimismo, llama la atención sobre los casos de enfermos crónicos que se quedan sin tarjeta y, si quieren ser atendidos, deben de firmar unas órdenes de pago que los inmigrantes sin papeles "tienen pánico de suscribir, porque puede suponerles el embargo de sus bienes, por ejemplo, cuando regularicen su situación".

Además, desmiente que se trate de una medida para ahorrar, porque este ahorro "no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista económico. De hecho, explica que con el nuevo modelo, los inmigrantes acuden directamente a urgencias cuando se encuentran en una situación "muy deteriorada", por lo que la asistencia "es más cara".

En este sentido, González reclamado la importancia de que todos estos ciudadanos excluidos "tengan acceso a la asistencia sanitaria en atención primaria, porque es barata y va a evitar complicaciones de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes".

Por ello, hace un llamamiento a las autoridades sanitarias de la Región de Murcia para que copien a otras comunidades que "se han dado cuenta de que este Decreto es un error y están tomando medidas para que esos inmigrantes tengan acceso a la Sanidad sin muchas trabas burocráticas".

ReCIPS está formada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región, Consumur, Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región, Ecologistas en Acción, la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, el Foro Ciudadano de la Región, Convivir sin Racismo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región, NoGracias, Amnistía Internacional de la Región, Lacnatndo, Médicos del Mundo y Asociación AMIGA.

El 3 de julio, ReCIPS estrenará en el salón de actos del hospital Morales Meseguer de Murcia el documental llamado Cuánto gastamos, cuánto perdimos, en el que se hace una revisión de lo que era el Sistema Nacional de Salud y los "desastres" que está ocasionando el Real Decreto.