jueves, 27 de junio de 2013

Convivir Sin Racismo exige a la delegación del Gobierno en la Región de Murcia que ponga fin a los controles selectivos y redadas racistas

Existe una circular de la Dirección General de la Policía que pone de manifiesto la ilegalidad e improcedencia de las redadas indiscriminadas de identificaciones basadas en criterios étnicos


El pasado miércoles 26 de junio pusieron en conocimiento de Convivir Sin Racismo una nueva redada en la ciudad de Murcia para identificar y detener a ciudadanos de origen extranjero en situación irregular. Vecinos y usuarios de las dependencias administrativas de la Dirección Provincial de Tráfico contactaron con nuestra organización para comunicar que en la Calle Gloria, junto al seminario, había un importante despliegue de Policía Nacional que mantenía retenidos a un grupo de personas de origen subsahariano que habitualmente se dedican a realizar tareas de aparcacoches en la zona. Adjuntaron esta fotografía;


Ante los hechos conocidos queremos comunicar nuestro rechazo a estos actos ilegales, que pueden estar realizándose impunemente por los cuerpos de seguridad en las calles de nuestras ciudades y pueblos, pues no sólo vulneran la legalidad por su base discriminatoria y racista, sino que atentan contra la dignidad de las persones.

Desde Convivir Sin Racismo pedimos al Delegado del Gobierno que abra una investigación sobre si se aplican criterios étnicos para la identificación de personas por parte de la Policía, pues le recordamos que existe una circular de la Dirección General de la Policía, del pasado año, que pone de manifiesto la ilegalidad e improcedencia de las redadas indiscriminadas de identificaciones basadas en criterios étnicos.

Exigimos, por tanto, que cesen inmediatamente todas las redadas que se están haciendo, pues se sustentan en el aspecto físico del individuo. Porque además de ser ilegales, atentan contra la dignidad de las personas. Pedimos que se adopten las medidas necesarias para impedir los interrogatorios, las detenciones y los cacheos basados en el aspecto físico del individuo, su color, sus rasgos faciales, su pertenencia a un grupo étnico, o cualquier otra categorización.

Desgraciadamente son cada vez mas frecuentes los testimonios de migrantes, ONG y personas pertenecientes a minorías étnicas que trasladan una sensación de humillación y de temor creciente a la policía por ser objeto de frecuentes controles de identidad; así como una profunda sensación de resultar poco gratos en la Región de Murcia por sus características físicas. Y esto debe preocupar seriamente a todas las instituciones y ciudadanos porque está en juego el tipo de sociedad que queremos ser. A golpe de persecución, detención, encierro y deportación no se puede construir una sociedad mejor para todas y todos. Por eso las detenciones, los controles masivos y selectivos de identidad deben parar ya que suponen una vulneración de los principios más básicos del Estado de Derecho.

Por ello Convivir Sin Racismo exige de nuevo a la delegación del Gobierno en la Región de Murcia y a las administraciones competentes que pongan fin a los controles selectivos y redadas racistas.

“Ni detenciones preventivas, ni controles selectivos”.

miércoles, 26 de junio de 2013

APROBADA LA MOCIÓN RELATIVA A LA HOSPITALIDAD EN MAZARRÓN.




En la tarde del Martes 25 de junio, el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón aprobó por 12 votos a favor (PSOE, UIDM, IU-Verdes y PAREMA) y 8 abstenciones (PP), la moción en apoyo de la campaña Salvemos la Hospitalidad promovida en la Región de Murcia por las asociaciones MURCIA ACOGE y CONVIVIR SIN RACISMO, rechazando de esta forma la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular, como incluye el borrador de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno.  De esta forma el municipio de Mazarrón se suma en la Región de Murcia a los municipios de Murcia, Molina de Segura, Mula, Lorca y Totana y a los mas de 50 municipios que se han manifestado en el mismo sentido.

La moción fue presentada por el concejal de Izquierda Unida-Verdes, David Fernández Sánchez, para que de manera clara y específica se excluya la acción humanitaria como un posible delito de tráfico ilegal de personas o de colaboración con la inmigración clandestina. A pesar de que PSOE, UIDM, IU-Verdes y PAREMA, estuvieron en total acuerdo con el fondo y la forma de esta moción promovida por asociaciones de ayuda al inmigrante en Murcia y el resto del estado, el Partido Popular representado por la concejala y diputada regional Alicia Giménez se abstuvo en la votación al considerar innecesaria dicha propuesta, pues al tratarse tan solo de un anteproyecto de Ley, no había lugar a admitir ningún tipo de propuesta ya que el propio gobierno había manifestado su determinación en que la acción de la acción humanitaria quedara fuera de la tipificación como delito.

Por su lado el defensor de la moción, David Fernández, llamó la atención de la necesaria colaboración en la redacción de las leyes con los agentes sociales, y de la obligación de los gobernantes a estar atentos a las sugerencias de la ciudadanía. Fernández también expuso, que muy al contrario de lo que planteaba la portavoz del PP: “La rectificación propuesta por el señor Alberto Ruiz Gallardón, ha sido fruto de la presión y del trabajo de un buen número de asociaciones  a través de la campaña Salvemos la Hospitalidad que han demostrado al gobierno del estado la desafortunada  redacción del artículo 318.Bis en el anteproyecto de ley , y que esta presión sigue siendo  muy necesaria para garantizar que las buenas intenciones del Ministro se plasmen en un nuevo texto que salvaguarde el impagable trabajo de las ONGs que cumplen con la obligación moral de ayudar a los más desvalidos , obligación que le debiera de corresponder en primer lugar a las propias administraciones del estado.”

martes, 25 de junio de 2013

Hay alternativas, no al internamiento de inmigrantes (CIE)

Porque existen alternativas ¡Actúa!
Las personas y entidades abajo firmantes expresan su preocupación ante las políticas de control migratorio que practica España, una de cuyas manifestaciones más preocupantes es la privación de libertad indiscriminada de personas extranjeras cuya única falta es no tener la documentación en regla.
Cada año, miles de personas migrantes son internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por encontrarse en situación irregular y, cuando las organizaciones se entrevistan con ellas, a menudo detectan que no se ha entrado a valorar sus circunstancias personales y familiares. A pesar de que el internamiento, tanto en la Ley de Extranjería como en el marco legal europeo y los Convenios internacionales se configura como una medida excepcional y existen alternativas que no conllevan la privación de libertad.
Respecto del perfil de personas internadas, el Ministerio del Interior afirma que tan sólo se está reteniendo en los CIE a personas con antecedentes penales o sin arraigo social. No obstante, estas declaraciones no se corresponden con la realidad, según han podido constatar las organizaciones y colectivos que visitan los CIE y entrevistan a las personas retenidas (por poner un ejemplo, tan solo un 27% de las personas visitadas en 2012 por Pueblos Unidos en el CIE de Aluche tenían antecedentes penales).
Los CIE son lugares en los que se han producido violaciones de derechos humanos, tal y como han probado y puesto en evidencia organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones nacionales como la oficina de la Defensora del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura o la Fiscalía General del Estado. El Gobierno está elaborando una nueva normativa reguladora de estos Centros, que debe desarrollar el ejercicio de los derechos de las personas internadas.
Finalmente, más allá del debate en torno al funcionamiento y organización de los CIE, pedimos que se evite en lo posible la adopción de la medida cautelar de internamiento. Recordamos que la privación de libertad de personas migrantes por estancia irregular está configurada como una respuesta excepcional, de manera que la propia ley señala que solo puede acudirse al internamiento después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan desechado todas las medidas alternativas. Y ha de evitarse, en todo momento, el internamiento respecto de grupos especialmente vulnerables -tales como posibles víctimas de trata o de violencia de género, embarazadas, personas con enfermedades graves o niños y niñas-.
Por todo ello, hacemos un llamamiento al Ministerio del Interior, a las Delegaciones de Gobierno, a los Juzgados de Instrucción y a la Fiscalía –instituciones todas ellas con responsabilidades de uno u otro tipo en la expulsión de personas inmigrantes para que respeten todas las garantía previstas en el ordenamiento jurídico a las personas migrantes en situación irregular, eviten su internamiento y opten, con carácter general, por medidas cautelares alternativas.
Adhiérete al manifiesto de Amnistía InternacionalAndalucía AcogeGrupo InmigrapenalPueblos Unidos y Mugak Sos Racismo, pidiendo alternativas al internamiento de las personas migrantes.
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-inmigrantes-cies-jun13/

CIE prisiones administrativas

Acaba de salir a la calle la Revista trimestral de MUGAK elaborado por los amigxs de SOS Arrazakeria y dedicado a los CIE de todo el Estado donde hemos tenido el placer de colaborar en una entrevista sobre nuestro trabajo entorno al CIE de Sangonera la Verde de Murcia.

"Más allá del día a día, de los hechos que provocan respuestas urgentes, de medidas gubernamentales que exigen nuevas campañas. Más allá de la inmediatez de la noticia estereotipada nos detenemos a reflexionar, dedicamos un esfuerzo al análisis, buscamos textos que descubran nuevas aristas y proponemos nuevos argumentos, prácticas y acciones"


http://www.mugak.eu/revista-mugak



viernes, 21 de junio de 2013

Contra el apartheid sanitario


Publicado en elpajarito.es
El Gobierno murciano publicó recientemente una instrucción para permitir el acceso a la Sanidad a los inmigrantes sin permiso de residencia cuando padecen una enfermedad crónica o infectocontagiosa que, en realidad, establece un procedimiento "burocrático lleno de dificultades" que parece "hecho a propósito para demorar el trámite y denegar finalmente la asistencia sanitaria", según denuncia la Red Ciudadana por la Salud (ReCIPS) de la Región.
Esta instrucción, transmitida a finales de abril por la Consejería de Sanidad, se regula por "una locura de algoritmo" que establece el "complicado procedimiento que han de seguir los pacientes y el formulario que el médico tiene que cumplimentar para que, finalmente, el paciente tenga derecho a asistencia sanitaria solo durante un año y exclusivamente para la enfermedad crónica o infecciosa que padece".
Los afectados son los "miles de inmigrantes a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria hace un año, el 1 de septiembre de 2012, por no tener permiso de residencia, a consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012". Desde entonces, advierten que se les ha dejado de prestar atención ciudadana, y alertan que "puede haber consecuencias graves por desatención".
Así lo hicieron saber en rueda de prensa el portavoz de ReCIPS en la Región de Murcia, Mario Soler; el representante de Médicos del Mundo, Pepe Roel; y el presidente de Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (Smumfyc), Juan de Dios González.

“Una pantomima”

ReCIPS cree que la Consejería "ha dado muy poca publicidad a esta instrucción intencionadamente". En realidad, consideran que esta instrucción es "una pantomima" y una "mera excusa para seguir diciendo que se atiende a todos los ciudadanos, incluidos los inmigrantes".
Además, critica que esta regulación "no establece cómo ese paciente pide la primera cita, porque previamente se le ha dado de baja en la base de datos del historial clínico del Sistema Murciano de Salud". Por ello, recomiendan a los inmigrantes que, si tienen la más mínima sospecha de que tienen una enfermedad crónica o contagiosa, vayan a los centros sanitarios para exigir que se les dé cita y comenzar el "complejo proceso" establecido.
Para ello, el personal administrativo tiene que pasar al paciente a la base de datos activa y darle cita. A continuación, el médico tiene que valorar si ese ciudadano tiene o hay sospechas de que padece una enfermedad crónica o infecto-contagiosa, para lo que tiene que rellenar un formulario que el paciente tiene que devolver al área administrativa.
Este formulario "pasa por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que tiene que comprobar que efectivamente el paciente tiene una enfermedad crónica o contagiosa, lo que despierta dudas de confidencialidad". Cuando comprueban que el médico no les ha engañado, el formulario se vuelve a mandar al departamento de tarjeta sanitaria y, de allí al centro de salud, que avisa al paciente.

Casos reales

Soler, quien también es médico de familia en Molina de Segura, afirma que la Consejería de Sanidad está dando de baja no sólo a los que perdieron el derecho a la atención el 1 de septiembre de 2012, sino también aquellos a los que se les ha caducado el permiso de residencia. Además, lamenta que a los profesionales sanitarios se les da instrucciones explícitas de que exijan la tarjeta sanitaria.
Para demostrar que esto es cierto, Soler recuerda que en su consulta en Molina de Segura tenía 11 pacientes el 1 de septiembre de 2012 que, posteriormente, se han visto afectados por la pérdida de derecho a la asistencia sanitaria. Hace unos días, recuerda, se les había dado de baja "a siete de ellos".
Uno de ellos "era hipertenso y venía periódicamente a por sus recetas", recuerda Soler, cuya intención es atender a todos sus pacientes, pero critica que "existen una serie de filtros hasta llegar al médico que dificultan el acceso".
Otra de sus pacientes que perdió el derecho a asistencia sanitaria padecía cáncer de cuello de útero. Posteriormente, una trabajadora social consiguió intermediar y alertar a Soler de que la paciente estaba intentando pedir cita sin conseguirlo, por lo que tuvo que acceder a la base de datos inactiva para darle de alta.

Modelo en peligro

Roel lamenta que el Real Decreto 16 de 2012 "de recortes sanitarios o de exclusión sanitaria", ha suscitado una respuesta "unánime" de sectores "muy diferentes" que agrupan "desde médicos de familia a médicos de asociaciones de especialidades tan diferentes como la pediatría o neurología". Todos ellos coinciden en que este Real Decreto "supone una enmienda a la totalidad al Servicio Nacional de Salud que teníamos en España", y que "trata de cambiar totalmente el modelo, al pasar de un sistema universal a un modelo de aseguramiento, dejando excluidos a todos aquellos que no pagan por la asistencia sanitaria".
Recuerda que el derecho a la salud es un "patrimonio social de toda la población española" que está recogido "en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deriva del código deontológico de los sanitarios y está recogido en la Constitución y en la Ley de Salud pública española".
Advierte que este Real Decreto es una "insensatez desde el punto de vista sanitario, porque daba control de las enfermedades". Ahora, alerta que se pueden producir enfermedades infecciosas y contagiosas "fuera de control" en toda esa población que queda excluida de la asistencia. De hecho, recuerda que ya se ha dado un caso "muy grave" en Mallorca, donde un inmigrante senegalés murió de tuberculosis "después de haber intentado en varias ocasiones recibir asistencia en el sistema sanitario", pero "se la denegaron", a pesar de ser una enfermedad "perfectamente curable".
Asimismo, llama la atención sobre los casos de enfermos crónicos que se quedan sin tarjeta y, si quieren ser atendidos, deben de firmar unas órdenes de pago que los inmigrantes sin papeles "tienen pánico de suscribir, porque puede suponerles el embargo de sus bienes, por ejemplo, cuando regularicen su situación".
Además, desmiente que se trate de una medida para ahorrar, porque este ahorro "no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista económico. De hecho, explica que con el nuevo modelo, los inmigrantes acuden directamente a urgencias cuando se encuentran en una situación "muy deteriorada", por lo que la asistencia "es más cara".
En este sentido, González reclamado la importancia de que todos estos ciudadanos excluidos "tengan acceso a la asistencia sanitaria en atención primaria, porque es barata y va a evitar complicaciones de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes".
Por ello, hace un llamamiento a las autoridades sanitarias de la Región de Murcia para que copien a otras comunidades que "se han dado cuenta de que este Decreto es un error y están tomando medidas para que esos inmigrantes tengan acceso a la Sanidad sin muchas trabas burocráticas".
ReCIPS está formada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región, Consumur, Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la Región, Ecologistas en Acción, la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, el Foro Ciudadano de la Región, Convivir sin Racismo, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región, NoGracias, Amnistía Internacional de la Región, Lacnatndo, Médicos del Mundo y Asociación AMIGA.
El 3 de julio, ReCIPS estrenará en el salón de actos del hospital Morales Meseguer de Murcia el documental llamado Cuánto gastamos, cuánto perdimos, en el que se hace una revisión de lo que era el Sistema Nacional de Salud y los "desastres" que está ocasionando el Real Decreto.

viernes, 14 de junio de 2013

15J. “Día contra los Centros de Internamientos de Extranjeros”


PARA VISIBILIZAR LO INVISIBLE

Este sábado 15 de junio se celebra por primera vez el “Día contra los Centros de Internamientos de Extranjeros”, una iniciativa abierta, plural y enfocada a visibilizar una realidad de la que muy pocas personas son conscientes.

¿Te imaginas que en otros países existieran centros en los que encerraran a los españoles que han emigrado en busca de un futuro mejor? Parece imposible, pero no lo es. En nuestro país ya existen, se llaman ‘Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs)’. Los CIEs no son más que cárceles racistas que atentan contra el Estado de Derecho. Para visibilizar esta realidad se ha promovido el primer día contra los CIEs, con la intención de que todos aquéllos que quieran puedan sumarse a ella.

Los actos programados para el 15 de junio (disponibles en la web http://15jdiacontraloscie.wordpress.com/) son abiertos y descentralizados, por eso se desarrollarán a lo largo de todo el estado en ciudades como Oviedo, Burlada, Iruña, Valencia, Barcelona, etc. En Madrid muchas y muy diversas organizaciones y personas han sumado su esfuerzo con propuestas tan diversas como una Milonga (una clase abierta de tango) a las 17 horas en la Plaza de Cabestreros (Lavapiés); una batucada en el Cerro del Tío Pío también a las 17 horas (más conocido como el ‘Parque de las Tetas’ en Vallecas) o un Pasacalles en el Bulevar del Puente de Vallecas a las 12 horas.
Ademas han convocado una concentración a las 19 horas en la Puerta del Sol, donde las distintas asociaciones leerán un comunicado denunciando la oscura realidad de estos centros de internamiento, y donde los asistentes podrán disfrutar de la música de Madera de Cayuco.

La acción está promovida por Brigadas Vecinales de Observación de derechos Humanos, Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid, aunque recordamos que todo el mundo puede sumarse al 15J con pequeñas o grandes acciones.

Más información: http://15jdiacontraloscie.wordpress.com
Cuenta temporal: @15JNoCIE
Cuentas permanentes: @CIEsNoMadrid @TanquemElsCIEs @CIEsNO


miércoles, 12 de junio de 2013

La moción contra la reforma del Código Penal que criminaliza la solidaridad se ha aprobado ya en 43 ayuntamientos de todo el país.



Valencia, Málaga, Sevilla, Murcia, Getafe, Palma de Mallorca, Córdoba, Lorca o Alicante son algunas de las ciudades que rechazan la reforma del Código Penal. · El texto de la campaña www.salvemoslahospitalidad.org también ha sido aprobado en el Parlamento de Navarra y las Cortes de Aragón · En los cuatro primeros meses de campaña se ha presentado la moción en 104 administraciones públicas,  en está campaña promovida por una veintena de organizaciones sociales.

El pasado mes de febrero, una veintena de entidades sociales de todo el país lanzamos la campaña www.salvemoslahospitalidad.org. La iniciativa buscaba centralizar las acciones que rechazan la persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a las personas en situación administrativa irregular, como incluía el borrador de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno. Hoy, cuatro meses después, podemos decir que la cifra de entidades sociales que apoyan esta campaña en todo el país se ha duplicado hasta superar las 40, con nombres como el de Cáritas España o EAPN-España, que se unen a Médicos del Mundo, Andalucía Acoge, CEAR, PICUM o Pueblos Unidos, entre otras. Pero la campaña no se ha quedado ahí, sino que ha entrado en la vida institucional de gran parte del país: a la defensa de la hospitalidad se han sumado ya 43 ayuntamientos de todo el país, entre los que destacan los de ciudades como Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Murcia, Córdoba, Getafe, Lorca, Avilés, Vila-Real, Jaén, Barakaldo, Soria, Rubí o Linares, entre otros, así como el Parlamento de Navarra y las Cortes de Aragón. Municipios de tamaño diverso y repartidos por todo el país, que representan también a muchos ciudadanos y que demuestra el importante rechazo por parte de la sociedad española a la persecución de la solidaridad en el Código Penal.  

En total, se han presentado 104 mociones: 99 en ayuntamientos –con un resultado de 43 aprobadas, 10 denegadas y 46 en tramitación sin resolución todavía-, cuatro en parlamentos. En la Región de Murcia ya son cinco las entidades locales que se han sumado a la defensa de la hospitalidad, comenzando el pasado 25 de marzo en Molina de Segura, le siguieron los municipios de Totana, Mula, Lorca y Murcia que lo aprobó por unanimidad el jueves 30 de mayo.



lunes, 10 de junio de 2013

"Vidas en tránsito"

Experiencias de migrantes que viven en Marruecos y Argelia.

Es una publicación producida por el Servicio Jesuita a Refugiados - Europa, JRS, que recoge la investigación realizada por Andrew Galea Debono, basada en entrevistas y testimonios de vida recogidas en Casablanca, Rabat y Tánger ( Marruecos) y Argel, Orán y Tamanrasset (Argelia).



Mediante visitas de campo, entrevistas a los mismos migrantes y a otros agentes relevantes como los prestadores de servicios, el JRS trata de abrir una ventana a través de la que tomar conciencia sobre la vida de estas personas y sus condiciones de vida. Mantiene la esperanza de que se tengan en cuenta dichas experiencias en la toma de decisiones y que aquellas personas afectadas por tales políticas puedan ser escuchadas por quienes tienen la última palabra.

Puedes decargar la publicación en la web: "Vidas en tránsito"

martes, 4 de junio de 2013

Hay alternativas, no al internamiento de inmigrantes (CIE)

 
J.S vino a España en 2001 con 13 años. Le trajeron sus padres y ha tenido permiso de residencia y trabajo hasta junio de 2012, en que no pudo renovarlo por no disponer de empleo. Ahora por fin tenía ya una oferta de trabajo y estaba gestionando la solicitud de renovación del permiso. Vive con su madre, que tienen nacionalidad española. J.S carece de antecedentes penales.

La policía le paró por la calle el pasado abril. Le pidieron los papeles y le llevaron a comisaría por no tener el permiso de residencia en vigor. Ingresó en el CIE al día siguiente sin tener siquiera la orden de expulsión todavía. 

En el CIE le notifican la orden de expulsión, que su abogado recurre ante el Juzgado inmediatamente y solicita la paralización urgente de la expulsión. El Juzgado paraliza la expulsión y J.S es finalmente puesto en libertad. 
Testimonio recogido en el CIE de Madrid

Todas las personas, incluidas las personas migrantes, tienen derecho a la libertad. Sin embargo, a las personas migrantes en situación irregular pueden pararlas, detenerlas y enviarlas a un centro de internamiento de extranjeros (CIE). Da igual si han vivido tiempo en España, si por la crisis han perdido su empleo y, como consecuencia, su permiso para permanecer en el país. No importa si tienen hijos o familia. Tampoco si están embarazadas, si tienen una enfermedad grave, o si son posibles refugiados o víctimas de trata. Se las priva de libertad sin valorar su situación personal. Su única falta: estar en situación irregular en España 
Desde inicios del 2012, el Ministerio del Interior prepara un reglamento para regular los CIE, lugares donde se han denunciado violaciones de derechos humanos. El Reglamento debe  garantizar el ejercicio de los derechos de las personas migrantes y contemplar medidas alternativas que no conlleven la privación de libertad.
La detención y el ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) debe ser  una medida excepcional, una vez que se hayan agotado todas las medidas alternativas, después de una valoración individual de cada caso concreto. El internamiento debe ser siempre evitable y descartado cuando estamos ante personas vulnerables, mujeres víctimas de trata, niños o niñas.


Adhiérete al manifiesto de Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Grupo Inmigrapenal, Pueblos Unidos y Mugak Sos Racismo, pidiendo alternativas al internamiento de las personas migrantes.

Porque existen alternativas ¡Actúa!