lunes, 10 de septiembre de 2012

El gobierno ha violado la legislación española al entregar a los inmigrantes de Isla de Tierra a Marruecos

No se ha respetado el procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, ni se ha posibilitado que potenciales personas refugiadas puedan solicitar asilo. En cambio, han sido entregados a un país que viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas inmigrantes.


El dilema planteado por el Gobierno español sobre no ceder al “chantaje de las mafias”, según palabras del Delegado de Gobierno de Melilla, o velar por los derechos de las personas llegadas a nuestro territorio, se ha resuelto a costa de las víctimas de esta situación. La entrega de 73, de las 83 personas inmigrantes que permanecían en la Isla de Tierra a las autoridades marroquíes, supone la vulneración de la Ley de Extranjería y la consiguiente violación de los derechos reconocidos en la mismas.

La legislación obliga a estudiar de forma individual si cada una de las personas inmigrantes reunía los requisitos establecidos en la ley para acceder a territorio español, hecho que no se ha producido al resolver de forma colectiva sobre su suerte. Entre las diversas garantías que establece la ley se contempla la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial, así como a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. Más allá de los menores y la madres que no han sido expulsadas y, por tanto, acogidas en Melilla, dada la procedencia subsahariana de la mayoría las personas inmigrantes, las autoridades españolas deberían haber constatado, caso por caso, que no provenían de ningún país en conflicto o dónde se produzcan graves violaciones de los derechos humanos.

En el mismo momento de la entrega de los inmigrantes por parte de la Guardia Civil a las autoridades marroquíes, ya estaban esperando los autobuses que Marruecos utiliza para expulsar a los inmigrantes subsaharianos a través de la frontera con Argelia, dónde son abandonados en mitad del desierto. Además, las fuerzas de seguridad marroquíes han sido denunciadas reiteradamente por las palizas y malos tratos que dispensan a las personas inmigrantes. Situación que podría haberse producido esta misma noche según la crónica del diario El País.

Las políticas de control de flujos migratorios y de lucha contra las mafias no se pueden imponer sobre los derechos humanos de las personas inmigrantes, las principales víctimas de esta situación. El gobierno español está obligado a respetar la Ley de Extranjería y sus compromisos internacionales con la protección de los derechos humanos y el derecho de asilo, y no deben subordinarse nunca estos compromisos a un cálculo político de combate al “efecto llamada”. Una concepción de mano dura contra la inmigración irregular que ocasionó que en los primeros días de estancia en el islote, se retrasara de forma injustificada la asistencia humanitaria que necesitaban.

Por esos motivos, las organizaciones firmantes están valorando la posibilidad de poner en conocimiento de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos el asunto.


Firman este comunicado: Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación Elin y la Federación SOS Racismo.

domingo, 2 de septiembre de 2012

Entidades Sociales de todo el país exigen una sanidad pública, universal y gratuita a todas las personas


Entidades Sociales de todo el país exigen una sanidad pública, universal y gratuita a todas las personas

Las organizaciones creen que la reforma sanitaria es una medida discriminatoria y exigen a las Comunidades Autónomas que expliquen cómo atenderá a las personas inmigrantes en situación irregular. Felicitan a todos los profesionales sanitarios que han decidido no aplicar la nueva legislación.

Andalucía Acoge, PICUM (Plataform for International Cooperation for undocumented Migrants), CEAR (Comisión española de Ayuda al Refugiado) , Federación SOS Racismo, Asociación Voluntariado Claver, Pueblos Unidos, Servicio Jesuita de las Migraciones (SJM – España), APDH-A (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía), Convivir Sin Racismo de Murcia, Foro Galego de la inmigración, la Federación de Mujeres Progresistas y Karibu exigen una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas, un derecho fundamental que debe ser garantizado por las administraciones públicas. Por eso, no entienden el Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012, que deniega la atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular (incluidas aquellas solicitantes de asilo que han sido rechazadas); y que sólo contemplan el acceso a la salud a través de servicios de urgencias, durante el embarazo, parto y posparto y a los menores de edad. Estas organizaciones creen que es una medida discriminatoria y que únicamente ayudará a extender un mensaje racista y excluyente.

Dichas entidades se suman a las iniciativas de comunidades autónomas y profesionales del sector sanitario que han decidido no aplicar esta nueva legislación y han decidido atender a todas las personas que soliciten atención médica. Un compromiso valiente que se ha visto apoyado por múltiples campañas de organizaciones sociales y profesionales sanitarios en contra de la reforma sanitaria y que han contado con un amplio respaldo social.

Teniendo en cuenta la transferencia de competencias en materia de sanidad a las comunidades autónomas, nos alegramos de la decisión de varias de ellas de recurrir o no aplicar las modificaciones incluidas en la reforma sanitaria. Nos parecen muy acertadas sus intenciones, aunque en muchas de ellas todavía no se han dado instrucciones claras a los profesionales sanitarios de cómo actuar cuando deban atender a personas en situación administrativa irregular. Por eso exigimos que la situación se deje lo más claro posible cuanto antes, ya que desde las entidades firmantes se teme que la atención sanitaria universal no se aplique en el día a día como debe.

Preocupa también las consecuencias de la discriminación para la salud pública general. La falta de atención temprana de enfermedades y la imposibilidad –ante la nueva norma- de una política de prevención a toda la población pueden tener efectos indeseables en toda la sociedad que una vez más no están previstos en estas normas.

Por otro lado, el Gobierno ha asegurado en los últimos meses que la reforma sanitaria se realizaba por motivos económicos. Teniendo en cuenta los numerosos estudios que han demostrado lo contrario, el cambio de discurso en los últimos días sobre las motivaciones que han llevado a la aplicación de la nueva legislación evidencia aún más su papel discriminatorio al no tener el Gobierno clara la finalidad de la misma. Por ese motivo, todas las organizaciones indicadas lamentan la reiteración por parte del Gobierno de mensajes acerca del supuesto abuso de las personas inmigrantes del sistema sanitario español, cuando esas afirmaciones han sido rebatidos una y otra vez por numerosos informes realizados, incluso, por órganos consultivos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Esos mensajes fomentan la exclusión a lo largo del estado español y pueden afectar a más derechos de las personas inmigrantes.

Por eso exigimos una vez más una sanidad pública, universal y gratuita para todas las personas y felicitamos a todos aquellos profesionales sanitarios que garantizarán la cobertura sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.