martes, 24 de abril de 2012

CONTRA LOS RECORTES EN SANIDAD A LOS INMIGRANTES SIN PAPELES

La retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles es un nuevo atentado contra los derechos fundamentales.
La nueva medida del gobierno de restringir el acceso a la tarjeta sanitaria a los extranjeros que carezcan de permiso de residencia es una bomba de humo que pretende desviar la atención sobre los recortes en derechos que sufrimos el conjunto de la población. Además señala como chivo expiatorio una vez más a los inmigrantes a los que se les culpa de los abusos que han provocado el déficit sanitario. Esta medida rebasa el límite de lo permisible en una sociedad inclusiva, pues deja sin cobertura sanitaria a uno de los colectivos más desfavorecidos en nuestro país, los inmigrantes en situación irregular. Pero además la medida parte de una mentira en su argumentación, es ineficaz respecto a sus objetivos e injusta en términos sociales.
La medida se basa en una mentira de la Ministra de Sanidad quien ha relacionado el turismo sanitario con la inmigración irregular cuando cualquier persona sabe, y ella también que no son los inmigrantes extracomunitarios quienes lo practican porque la lejanía de sus países y las barreras que la ley de extranjería pone para la entrada en España son obstáculos más que suficientes para impedírselo. Hay que tener en cuenta además que la edad media de los inmigrantes extracomunitarios en España se sigue situando entre los 18 y los 54 años, edades en las que el uso de los servicios de salud es prácticamente insignificante.
Por otra parte restringir el acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios normalizados a esta población no hará otra cosa sino aumentar el gasto sanitario. Estas personas sí podrán seguir acudiendo a los servicios de urgencia y el efecto claro puede ser una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mayor que el de la cobertura en atención primaria. Además desde el punto de vista de la prevención sanitaria no parece sensato impedir la asistencia primaria a un sector de la población que por su vulnerabilidad social puede padecer peores condiciones de vida y salubridad, lo que podría generar en el futuro graves problemas de salud pública.
Por último es una medida injusta en términos sociales. En la actualidad puede haber en España un total de 408.142 extranjeros no regularizados, pero de esa cifra 306.477 serían ciudadanos de la UE que no se han inscrito en el Registro, a los que habría que añadir otros 13.481 de ciudadanos de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Esto es, solo habría según estas cifras 88.184 ciudadanos potencialmente incursos en la infracción del artículo 53.1.a) de la LOEX, lo que no equivale a decir personas que nunca han contribuido al sostenimiento de nuestro sistema sanitario, puesto que buena parte de ellos han sufrido la llamada irregularidad sobrevenida. Muy lejos de las cifras que están manejando nuestras autoridades publicas
Esta medida nos retrotrae al siglo pasado, a la Ley de Extranjería de 1985, cuando los inmigrantes en situación administrativa irregular carecían de cualquier derecho. Han sido muchos años de pelea para conseguir algo tan básico como poder ir al médico cuando estás enfermo para que ahora se esfume este derecho.
Convivir sin racismo no puede permanecer callado ante esta injusticia. Pedimos al Gobierno que retire la modificación legal, pedimos a las autoridades sanitarias de nuestra región que no la pongan en práctica y pedimos a la población murciana que se niegue a que su vecino no pueda ir al médico.
En definitiva exigimos que acabe este racismo institucional, la discriminación, marginación, segregación y estigmatización de una parte de la población por intereses políticos partidarios.
No lo olvidemos: es una cuestión de Derechos Humanos.