martes, 27 de diciembre de 2011

Mazazo judicial al CIE de Aluche




El CIE de Aluche recibe un nuevo golpe judicial. Gracias a las denuncias y el trabajo de asociaciones como Pueblos Unidos o Ferrocarril Clandestino, el juez de vigilancia penitenciaria acaba de emitir un auto judicial que denuncia contundentemente las condiciones de vida en Aluche... Mientras que el Sindicato Unificado de Policía apoyaba este auto y exigía la destitución del director del CIE, el sindicato Confederación Española de Policía sacaba la cara por el CIE y dice que allí todo es normal. Pero el Defensor del Pueblo también ha compartido parte de las múltiples denuncias de lo que sucede tras sus rejas y muros.

Un informe completo de su situación se puede consultar en
http://www.pueblosunidos.org/cpu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Mazazo judicial al CIE de Aluche

El País 27-12-2011
“Palmario hacinamiento y escasez de espacio”; “habitaciones absolutamente inapropiadas”; “estancias sin cuarto de aseo”; “ni tan siquiera existe una habitación de enfermería donde los internos enfermos puedan estar aislados de los sanos”. Esta descripción de las carencias del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, no corresponde a una de las múltiples ONG que durante años han elaborado informes quejándose de la situación de estos centros, sino que consta en un auto judicial de 21 de diciembre de 2011 emitido por el magistrado Ramiro García de Dios, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, uno de los tres que se encarga del control del CIE de Aluche.
La resolución, adelantada ayer por la cadena SER, ha venido precedida de una muerte, la de la ciudadana congoleña Samba M., que falleció por una meningitis. El director del CIE, como es preceptivo, lo notificó por fax al juzgado. Un día después de recibirlo, el magistrado García de Dios dictó una resolución en la que ordenaba al director que habilitara “cuantas habitaciones fuesen precisas” para alojar a las personas internadas que hubieran tenido contacto con la fallecida si así lo disponían los servicios médicos —“licenciados en medicina, no simples enfermeros”, exige el auto del juzgado—.
El juez va más allá. En los fundamentos de derecho de la resolución habla de las “diversas visitas personales” que ha realizado al centro, en las que ha podido “constatar el palmario hacinamiento” del CIE, donde “no existen habitaciones individuales, ni dobles, ni triples tan siquiera, sino que mayoritariamente existen habitaciones absolutamente inapropiadas”. “No resulta por tanto extraño, desde el punto de vista técnico, que enfermedades infecciosas como cierto tipo de meningitis se puedan propagar con extrema y alta facilidad”.
El magistrado argumenta, además, que “lógicamente”, que no haya una habitación específica para los enfermos “facilita la propagación de enfermedades vía contagio”. “Pero, al parecer”, señala con ironía, “tal evidencia no ha sido constatada por el señor director y por los responsables máximos del centro”. El juez ordena al director que sean enviados al hospital los internos con enfermedades contagiosas y asegura que “de una lectura integral y sistemática de la documentación remitida no parece concluirse que la difunta doña Samba M. haya sido diagnosticada a tiempo”, lamenta el auto.
La resolución, extremadamente dura hacia las condiciones que sufren los internos, no es la única en este sentido. El pasado 25 de noviembre, los tres juzgados de Madrid implicados en la materia acordaron exigir al director del CIE que garantice “que los internos puedan realizar sus necesidades por la noche” si las habitaciones se mantienen cerradas, y que tengan acceso a un aseo “en un plazo máximo de tres minutos”. Los magistrados habían recibido multitud de quejas en las que los internos relataban que no se les permitía ir al baño por la noche y que tenían que usar los lavabos o bolsas de plástico. Y aseguraban que, si llamaban para salir del cuarto, no se atendían sus peticiones. El 28 de enero de 2010 los jueces ordenaron al centro que “subsanara la falta de inodoros en los dormitorios”. El director contestó que él no tenía capacidad para ello y que daba traslado de asunto a las autoridades superiores. Un año y once meses después, y ante la falta de respuesta, los jueces han exigido que, al menos, se les deje salir al baño.
Previamente, a finales de enero, el magistrado García de Dios ya ordenó al director del CIE que facilitara el acceso de las ONG al centro tras constatar que solo se les permitía entrar por las tardes coincidiendo con las visitas de sus familiares o amigos, “lo que dificulta y en muchos casos imposibilita la efectividad del derecho a los internos a ser visitados por miembros o asistentes de ONG”, señalaba en esa resolución.
El reglamento de los CIE es una de las cuestiones que ha dejado pendientes el Ejecutivo socialista y que tendrá que asumir el nuevo Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz. “No solo hay deficiencias en Madrid, son generales, y la única manera de acabar con ellas es que se apruebe el reglamento que prevé la Ley de Extranjería de 2009”, señala Cristina Manzanedo, coordinadora del informe Miradas tras las rejas, elaborado por la ONG Pueblos Unidos. “Pedimos al nuevo Gobierno que elabore una norma garantista, respetuosa con los derechos y libertades de las personas; que los CIE dejen de gestionarse como si fueran cárceles, porque no lo son, ya que los internos no han cometido delitos sino faltas administrativas; y que se cuente con la experiencia de las asociaciones, universidades y colegios de abogados”.

viernes, 16 de diciembre de 2011

"En el CIE, a los inmigrantes se les llama con un número"


El País, FERNANDO J. PÉREZ, 2011-12-16
 
“En la mayor parte de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Málaga, a los inmigrantes retenidos no se les llama por su nombre; se les asigna un número, y se les nombra con él. Los funcionarios nos dicen que sus nombres son muy complicados y que así resulta más sencillo, pero ese trato no se le da ni a los presos en la cárcel, de hecho está prohibido por la ley”. Carlos Arce, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, relataba así ayer las condiciones de vida “infracarcelarias” que se dan en los principales CIE de España: Madrid, Barcelona, Algeciras, y el más conflictivo de todos: Málaga.

Miembros de diversas ONG integradas en la red Migreurop han visitado durante 2011 estos cuatro CIE, donde inmigrantes sin papeles – una mera falta administrativa, no un delito – permanecen privados de libertad por un plazo máximo de dos meses antes de ser expulsados de España o devueltos a la calle. Su informe sobre las condiciones materiales, sociales, sanitarias y jurídicas que sufren los extranjeros allí encerrados es un verdadero catálogo de indignidades.

En el antiguo cuartel de Capuchinos, de Málaga, los internos – actualmente un máximo de 44 – duermen de ocho en ocho en dormitorios de unos 30 metros cuadrados, con tan solo dos retretes y una ducha. El centro carece de calefacción o aire acondicionado, tanto en las habitaciones como en las zonas comunes. Las ventanas – planchas de hierro gris taladradas – solo permiten pasar el 10% de la luz solar, y la luz eléctrica en los pasillos es “nula”, denuncian las organizaciones humanitarias.
La intimidad brilla por su ausencia. El interior del llamado “módulo familiar”, de apenas 15 metros cuadrados, es perfectamente visible desde el exterior. En las visitas médicas, los internos están acompañados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, y si es necesaria una exploración “muy íntima”, el agente sale de la habitación, pero la puerta queda entreabierta. En los CIE internos sanos comparten habitación con otros enfermos.

El estado del edificio es semirruinoso. El pasado lunes, el Ministerio del Interior, del que dependen los CIE, precintó una parte del inmueble – dedicada a instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía – después de que los arquitectos detectaran daños en la estructura. “Lo advertimos desde ya: si ocurre algo en el CIE, pediremos responsabilidades, y lo haremos por la vía penal”, afirmó José Luis Rodríguez, abogado de Málaga Acoge.

En Algeciras, donde el CIE se ha establecido en una antigua prisión, la privación de derechos básicos es aún mayor, denuncian las ONG. Los internos se deben comunicar con sus allegados a través de mamparas y los internos que llegan al centro son sometidos a un desnudo integral. “Es una práctica intolerable, una agresión a los derechos de la persona”, denuncian los cooperantes.

MIgreurop denuncia la vulneración de derechos en los CIE


15/12/2011

La organización euroafricana Migreurop reclama el cierre de estos centros y, entre tanto, exige una ley orgánica que regule su funcionamiento.

“Personas privadas del derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a la integridad moral y a la propia dignidad”, esta es la principal conclusión del Informe CIE, Derechos Vulnerados que ha sido presentado por la red euroafricana Migreurop con motivo de la Semana por los Derechos Humanos y del Día Internacional del Migrante, que se celebra el próximo domingo 18 de diciembre. El informe es fruto del trabajo realizado durante el año por la organización dentro de la iniciativa Migreurop España y que ha contado con la visita a cuatro centros, concretamente a los de Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona.

Las conclusiones del documento evidencian que las personas que se encuentran internadas en los CIE deberían estar en centros especiales sin carácter penitenciario y tener mejores condiciones que los presos, ya que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa como es no tener la documentación en regla. No obstante, aseguran, “la realidad es que estas personas están encerradas en verdaderas cárceles con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a intérprete, a la integridad moral, a la confidencialidad, y en algunos casos, como en el del CIE de Algeciras, al derecho a la dignidad con la práctica del desnudo integral previo al ingreso en el centro”.

No reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad

Las organizaciones miembro de Migreurop recuerdan que los internos tienen únicamente restringido por ley su derecho ambulatorio, por lo que consideran “inaceptable” que se les prive del resto. Por ello, Migreurop reclama el cierre de estos centros, muchos de los cuales –centros de Málaga y Algeciras- no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Mientras tanto se produce el cierre, apuntan, “es prioritaria la aprobación de una ley orgánica que regule el funcionamiento de los CIE, para que no se produzcan más atropellos a los derechos de las personas”, regulación que ha sido respaldada ya por más de 40.000 firmas y 400 entidades en una reciente campaña.

Durante su intervención, las organizaciones destacaron otras cuestiones no menos relevantes como el escaso o nulo control judicial de estos centros, las notables deficiencias en sistemas de evacuación y prevención de incendios, la designación de los internos por un número en lugar de por su nombre y apellidos y la ausencia de cámaras en parte de las instalaciones, que impiden fiscalizar la actuación de los funcionarios y prevenir actividades ilegales, denunciadas en numerosas ocasiones por las personas que han pasado por estas instalaciones.

Ante las evidencias que plantea el informe, las organizaciones solicitan que se prohíba la detención de personas en lugares que no tengan la consideración legal de CIE, como en el caso de Tarifa, el acceso regular de las organizaciones sociales para fiscalizar su funcionamiento, la comunicación con el exterior a través de teléfonos públicos y móviles de su propiedad, una asistencia médica y social independiente, visitas en condiciones de dignidad e intimidad, mecanismos para prever malos tratos y transparencia y control de estos centros por parte de la autoridad judicial.