miércoles, 22 de febrero de 2017

¿POR QUÉ NO QUIERE DAR INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?



Reproducimos a continuación un interesante artículo de Margarita Martínez Escamilla, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid publicado en "El Faro de Melilla" el pasado lunes 13 de febrero, que trata sobre las “devoluciones en caliente” y la responsabilidades públicas de velar y respetar los derechos humanos.




¿POR QUÉ NO QUIERE DAR INSTRUCCIONES EL MINISTRO DEL INTERIOR?

Hace unos días compareció en el Senado el Ministro del Interior. En dicha comparecencia una senadora le preguntó sobre la existencia y contenido de las instrucciones impartidas a la Guardia Civil en relación con las denominadas “devoluciones en caliente”, y qué tiene que hacer la Guardia Civil para cumplir la Disposición Adicional Décima de la Ley de extranjería en cuanto establece que “en todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. Además, le hizo una pregunta muy concreta: ¿qué tiene que hacer la Guardia Civil cuando intercepta a un menor de edad en la valla?
Animo vivamente al lector a escuchar en internet la respuesta del señor Zoido, que puede resumirse en las siguientes ideas: Ceuta y Melilla son España, a él también le gustaría que no hubiera hambre en el mundo y, por último, la Guardia Civil siempre actúa respetando los derechos humanos por lo que no necesita ninguna instrucción. Tal cual. Bochornoso espectáculo también los aplausos con que los senadores de su partido premiaban la desfachatez del Ministro quien, por cierto, conocía de antemano las preguntas que le serían formuladas.
Esta respuesta –o no respuesta-, como se prefiera, constituye un insulto a los ciudadanos, a la institución del Senado que nos representa y entiendo que también a la Guardia Civil, cuya asociación mayoritaria, la AUGC, ha emitido un comunicado durísimo y cargado de razón poniendo de manifiesto la frivolidad del Ministro y la necesidad del protocolo de actuación en frontera que viene insistentemente reclamando y cuya inexistencia ha puesto en conocimiento incluso de la Fiscalía General del Estado.
Pero, ¿por qué el Ministro se niega a responder y niega las demandadas instrucciones? Porque, como él muy bien sabe, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales. Así lo vienen reiterando organismos e instituciones nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado o el Consejo de Europa, cuyo Comité para la Prevención de la Tortura ha recomendado al Gobierno español que cesen las entregas a las fuerzas auxiliares marroquís, habida cuenta de los malos tratos que éstas infligen a las personas devueltas, con la consiguiente vulneración del principio de no devolución consagrado el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Cómo ha de proceder entonces la Guardia Civil cuando intercepta a una persona en la valla para respetar la normativa internacional de derechos humanos, tal y como expresamente exige la nueva regulación de los rechazos en frontera? El Defensor del Pueblo lo ha indicado reiteradamente: a través de un procedimiento en el que se dicte una resolución administrativa individualizada y expresa, con asistencia letrada y de intérprete, si es necesario, y en el que se deje constancia de que se verifican las necesidades de protección internacional, que no se trata de un menor de edad y que no existen indicios de ser víctima de trata de seres humanos. Estos requisitos son fáciles de entender. No toda persona que accede a territorio español tiene derecho a quedarse, pero sí a que su entrega –nunca a las fuerzas auxiliares marroquís- se verifique a través de un procedimiento que permita constatar que esa persona no se encuentra en una situación que el Estado español, a través de la firma de normas internacionales, se ha comprometido a tutelar, como es por ejemplo el caso de los menores de edad por los que fue expresamente preguntado el Ministro. Será necesario, pues, un procedimiento muy parecido al de devolución. Efectivamente para este viaje no necesitábamos las alforjas de los “rechazos en frontera”, que no han venido sino a incrementar la inseguridad jurídica de la Guardia Civil.
Es de esperar que no se vuelva a acudir al patético “concepto operativo de frontera” para tratar de justificar que el inmigrante interceptado no está en territorio español. Como bien sabe el señor Ministro, porque es juez y porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, la actuación de los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del nuestro país está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, actúen dentro o fuera de territorio español (principio de jurisdicción).
Se miren por dónde se miren, las devoluciones sumarias son radicalmente ilegales y su mantenimiento no es sino expresión de la contumaz voluntad de no aplicar la normativa sobre derechos humanos en Ceuta y Melilla, voluntad que un día algún juez podrá castigar, además de por otros delitos, como un delito de prevaricación. Así pues, señor Ministro, no nos tome por imbéciles. Es obvio que su negativa a refrendar expresamente las devoluciones sumarias se debe a que sabe que son ilegales y a que cobardemente prefiere que por estas prácticas respondan los guardias civiles, cuando en realidad el primer responsable es usted.

Margarita Martínez Escamilla
Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid

viernes, 16 de diciembre de 2016

Murcia se moviliza por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones.

Y para mostrar solidaridad con las personas migrantes que se ven perseguidas, encerradas y expulsadas por leyes injustas.


El próximo sábado 17 de diciembre a las 11,30 de la mañana, víspera del día internacional de las personas migrantes, diversas entidades ciudadanas de la Región de Murcia han convocado una concentración a las puertas del CIE de Sangonera la Verde reivindicando el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones.
Entre las organizaciones convocantes se encuentran Convivir sin Racismo; Plataforma de la Inmigración de Molina de Segura; Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia; la Delegación de Migraciones del Obispado de Cartagena; Murcia Acoge; HOAC; Amigos del Alto de Bolivia; Asociación CATS; Plataforma de Afectados por las Hipotecas-Murcia; Círculos del Silencio de Cartagena y Murcia; Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia; Coordinadora Antirepresión RM; Entrepueblos; Espacio de Acción Social; Amigas de Ritsona; Asociación de Usuarios de la Sanidad Región de Murcia; los sindicatos CGT; Enseñanza CC.OO; Intersindical Región de Murcia; entre otras,...

En el manifiesto que han elaborado trasladan su preocupación por lo que está ocurriendo en el CIE de Murcia en el cual de forma sistemática se están denunciando vulneración de derechos y libertades fundamentales. Documentando casos de vejaciones morales, agresiones, hacinamiento, condiciones inhumanas por la falta de privacidad, higiene y protección, especialmente para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, como menores de edad, enfermos con necesidades de atención especializada o solicitantes de asilo que nunca deberían haber estado encerradas en esas instalaciones.

Por ello invitan a la sociedad murciana a que participen en este acto para manifestar juntas que no queremos que se encierre a las personas migrantes en los CIE, ni que se les persiga, ni que se les deporte.  

Murcia a 16 de diciembre de 2016

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viernes, 9 de diciembre de 2016

MURCIA 17D. "Por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones"

Entidades sociales de Murcia han convovcado una concentración para el sábado 17 de diciembre a las 11,30h en la puerta del CIE de Sangonera la Verde. "Por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones"



Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos públicos no penitenciarios donde se encierran por orden judicial, cautelar y preventivamente, a personas extranjeras que por carecer de documentación legal para residir en el país o haberla perdido, se encuentran sometidas a expedientes de expulsión del territorio español.

A lo largo de los últimos años, hemos conocido y acompañado a varios centenares de internos en el CIE murciano y constatado y denunciado irregularidades de todo tipo: internamiento de menores, malos tratos a internos, falta de información sobre los procedimientos que les afectan, deficiente atención sanitaria, una alimentación insuficiente e inadecuada, carencia de material lúdico, de ocio o deportivo, prohibición de mantener contacto físico con sus familiares, unas deficientes condiciones de higiene y ropa... En los últimos meses, las noticias han vuelto a poner a los CIE en el foco de atención pública, con una cadena de fugas e incidentes de todo tipo que han saltado desde Aluche en Madrid a Zona Franca en Barcelona pasando por el de Sangonera en Murcia, que han destacado, tristemente, en los titulares periodísticos. Estos incidentes son expresión de una rabia contenida que está empezando a estallar. Una rabia fruto de la situación de amenaza, angustia y estrés que sufren las personas allí internadas y que, además, pone de manifiesto aquello que las autoridades tratan de minimizar u ocultar: los CIE son espacios de un sufrimiento desproporcionado, innecesario y tremendamente injusto.
Por todo ello, desde una perspectiva de justicia para las personas migrantes que se ven perseguidas, encerradas y expulsadas por leyes injustas ante las que nos negamos a permanecer indiferentes, demandamos el cierre de los CIE y su desaparición como institución ya que su larga y trágica historia, así como su actualidad, demuestra que su existencia es incompatible con el respeto de los derechos fundamentales de las personas allí encerradas.

Promueven:
Convivir sin Racismo; Círculo del silencio Cartagena y Murcia; PAH-Murcia; Coordinadora Antirepresión RM; CGT; Enseñanza CC.OO; Intersindical RM; Entrepueblos; HOAC; Amigos del Alto de Bolivia; Plataforma de la Inmigración de Molina; Asociación de Senegaleses de la RM; Pastoral de Migraciones; Murcia Acoge; Espacio de Acción Social; Amigas de Ritsona; Coordinadora de ONGD-RM; CATS; Asociación de Usuarios de la Región de Murcia; entre otras...

Manifiesto completo

martes, 15 de noviembre de 2016

Cada día que pasa abierto el CIE de Murcia es una amenaza para la seguridad de todos los internos y de cuantos prestan su servicio en ese centro.

Convivir Sin Racismo pide al Juzgado de Control Jurisdiccional del CIE de Murcia y a la Oficina del Defensor del Pueblo de España que intervengan de forma urgente en este centro de internamiento.

En la noche del lunes 14 de noviembre se produjo un nuevo amotinamiento con fuga en el CIE de Murcia, la tercera en poco más de un mes. En primer lugar queremos trasladar nuestro deseo de una pronta recuperación de las lesiones producidas a funcionarios policiales y a los internos que se vieron afectados en esté incidente.
El pasado día 7 de octubre tras la primera fuga, presentamos una queja formal ante el Juzgado de control jurisdiccional del CIE de Murcia, el pasado 3 de noviembre, interpusimos una petición a la Oficina del Defensor del Pueblo tras el segundo incidente, en ambas hemos pedido el cierre de estas instalaciones pues cada día que pase abierto supone más sufrimiento y una amenaza para la seguridad de todos los internos y de cuentas prestan su servicio en ese centro.
Desde Convivir Sin Racismo seguimos denunciado las considerables deficiencias organizativas y el incumplimiento de las medidas previstas en el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIEs y criticamos que pese al carácter no penitenciario de estos centros, se siga apostando por endurecer las condiciones del internamiento, atribuyendo funciones a funcionarios policiales, ajenas a su cometido, preparación y formación profesional en lugar de apostar por resolver los problemas frecuentes en relación a la falta de transparencia y al derecho de información, tanto de los internos, como de los letrados y las ONGs que les asisten; se producen dificultades para el acceso al expediente personal del interno; a que se facilite información sobre los diferentes procedimientos administrativos y/o judiciales en que se ven inmersos; a la comunicación y visitas sin trabas e impedimentos con sus familiares, amigos y organizaciones sociales; a que sea informado en su propia lengua de los derechos y obligaciones que tienen, así como sobre las normas básicas de conducta en el CIE, a tener acceso a ropa limpia o a medios para poder garantizar un aseo adecuado, a la atención médica adecuada, a una alimentación suficiente,… etc .
Hoy reclamamos tanto a la Jueza de Control del CIE de Murcia como al Defensor del Pueblo de España, que intervengan de forma urgente en este centro de internamiento, que acaben con las duras condiciones y con el clima de tensión constante que se vive, queindaguen en las razones por las que de manera reiteradas se producen estas situaciones y prevengan de posibles actuaciones lesivas de derechos. Pues como ocurre en cualquier establecimiento público donde se custodia a personas privadas de libertad, el ejercicio de los derechos requiere de su reconocimiento, respeto y amparo primero por parte de quienes prestan servicio en el lugar en cuestión, sea un servicio policial o no y también por las instituciones públicas que deben velar por su cumplimiento para que el derecho no se detenga en la puerta de los CIEs.